martes, 8 de julio de 2008

"Hay que disolver el Congreso"

Cuatro meses de conflicto no alcanzaron para limar asperezas entre el Gobierno y el campo. La Presidenta Cristina Fernández mandó las retenciones al Congreso (institución democrática por excelencia, donde se supone están los representantes del pueblo) para que sean tratadas y se conviertan en ley, con algunas de las modificaciones que pedía el sector agrario. El proyecto fue aprobado por diputados, inclusive con más cambios que favorecen al campo, como los subsidios al transporte a los productores que estén a más de 400 km de un puerto, compensaciones para los pequeños y medianos productores (hasta 1500 toneladas) y fondos para agriculturas familiares, que fueron quitados a la creación de hospitales que había anunciado la presidencia hace algunos días. Pero parece que esto tampoco satisfizo al campo, que ya amenazó con desoír al Congreso si la ley es aprobada y volver a las rutas, cortando nuevamente el paso de todas las mercaderías, desabasteciendo así el mercado interno y provocando una nueva estampida inflacionaria. Lo que proponene, ni más ni menos, es pasar por encima todas las instituciones democráticas, como ya lo hicieron durante décadas con los gobiernos militares.

¿Qué es lo que reclama el campo exactamente? Ellos dicen que simplemente quieren que les bajen las retenciones al nivel que estaban el 11 de marzo, es decir, al 35 por ciento. Pero si se analizan detenidamente las declaraciones de unos y otros representantes del sector agrario, se llega a la conclusión de que no es tan así. El modelo de país es lo que se está cuestionando. ¿Cuál es el modelo de país que quiere el campo? Es simple: ellos piden volver al viejo modelo agro-exportador, que el Gobierno no intervenga en el comercio de granos con el exterior, y que todas las inversiones vayan al sector agrario y no al industrial o a las pymes de las ciudades, ya que el campo se considera así mismo como el motor de la patria (ya explicaré más adelante que no es así). “Hay que disolver el Congreso si se aprueba el proyecto sobre retenciones”, declaró hace unos días el vicepresidente de la CRA Ricardo Buryaile, mostrando una total falta de respeto hacia las instituciones democráticas.
La afirmación de que “el campo es el motor del país” no es ni más ni menos que una fanfarronada sin sustento alguno. Imaginando que se les quitaran las retenciones totalmente, como en realidad ellos piden, y que las inversiones se vuelquen masivamente al sector, el campo no podría generar una gran cantidad de fuentes de trabajo. A lo sumo, se podía hablar de unos 3 millones de puestos de trabajo, en total, cuando la población activa se ubica en 16 millones de personas. Claro que esto para el campo no es un problema. La gente que vive en la ciudad no es parte de su “patria”. El campo cuida su quintita y, mientras siga generando ganancias para sus propietarios, el resto que se embrome.

Lo que el sector agrario no quiere aceptar, es que están en esta situación privilegiada gracias al Gobierno actual, que mantiene un dólar alto para que los productos internos sean competitivos, muy competitivos debido a los precios internacionales. El Gobierno lo único que exige es quedarse con las ganancias extraordinarias de la soja, y no mucho más. A primera vista, un 44 por ciento parece excesivo, pero cuando se ven los números reales, uno se da cuenta de que no es tan así. Otro de los objetivos del Gobierno es evitar la sojización del campo, ya que las plantaciones de soja ya superan el 50 por ciento del total, y amenazan con seguir creciendo, dejando de lado otros productos de vital importancia como el maíz, el trigo e incluso la ganadería y el sector lácteo, que van perdiendo lugar. Si se tratara simplemente de números, la discusión no tendría lógica: sería obvio que conviene que todos se pongan a plantar soja y ganen plata. Pero el problema es que no se trata sólo de dinero, sino que se trata de los alimentos vitales para la población argentina, los alimentos que consumimos los argentinos, entre los que NO está la soja.
Hace poco en CQC fueron a un campo de 800 hectáreas a preguntarle al productor cuánto costaban el tractor y la cosechadora que tenía allí y que había adquirido en los últimos años. La respuesta fue la siguiente: el tractor costaba algo así como U$S 160.000 y la cosechadora cerca de U$S 200.000. Aquí habría que hacerse varias preguntas: ¿Cómo hizo este mediano productor para comprar maquinaria por 360 mil dólares? Lo hizo producto de su trabajo, de la competitividad de la soja que él cosecha gracias al dólar barato. Ahora bien, ¿para qué compró, un productor mediano, maquinarias por 360 mil dólares, cuando bien podría alquilarlas o contratar a empresas para que hagan el trabajo? Una de las pocas cosas que un emprendedor tiene que saber cuando pone un negocio, es si tiene el capital para cubrir todos los gastos. ¿Cuánto tardará este buen hombre para amortizar el tractor y la cosechadora? Seguramente, muchos años. Si es que las llega a amortizar… La otra mirada que se puede hacer es: si el productor pudo gastarse U$S 360.000, es que la ganancia que tuvo en los últimos años fue bien grande.

Otro de los factores fundamentales en este conflicto son los medios de comunicación. El Grupo Clarín (diario Clarín, La Nación, Canal 13, TN, etc.) parece empecinado en criticar al Gobierno desde cualquier punto de vista, de agrandar el conflicto y de apoyar cualquier manifestación posible a favor del campo. Lo extraño de todo esto (no muy extraño en realidad) es ver y escuchar y leer a todos esos periodistas que parecían progres levantando la bandera del campo como si la fuera la suya propia, simplemente porque sus patrones están peleados con el Gobierno. A esta altura, ya empieza a ser sospechosa tanta animosidad contra Cristina Fernández y su gobierno. ¿Tendrá el Grupo Clarín intereses puestos en el campo? Es solo una pregunta, pero la respuesta parece obvia.